Comunicado // Tuxtla Gutiérrez
En intenso debate parlamentario, la Sexagésima Novena Legislatura hizo historia al aprobar la Iniciativa de Ley de Interrupción Legal del Embarazo de Niñas y Adolescentes en el Estado de Chiapas, cuyo objetivo principal es regular y garantizar en las instituciones del Sistema Estatal de Salud, el acceso a la interrupción legal del embarazo de las mujeres que hayan sido víctimas de violación.
Para posicionar sus argumentos, participaron en la máxima tribuna del estado las diputadas: Elvira Catalina Aguiar Álvarez, Getsemaní Moreno Martínez, Marcela Castillo Atristain, Ana Karen Ruiz Coutiño, Andrea Negrón Sánchez, Rosa Linda Lopez Sanchez y Faride Abud García, quienes se manifestaron a favor y Jovannie Maricela Ibarra Gallardo y María Isabel Rodríguez Jiménez, para exponer sus argumentos en contra.
Así, con el voto mayoritario de las y los diputados, respaldaron esta decisión que prioriza la dignidad, la vida y los derechos humanos de las mujeres, asegurando justicia social y protección integral a las infancias y adolescencias.
En la exposición de ideas, se destacó que, en el informe de la Secretaría de Gobernación, Tasa Específica de Fecundidad Adolescente (TEFA) 2023, Chiapas es el estado que ocupa el segundo lugar con más adolescentes que dieron a luz, sumando 23 mil 801.
Otro de los puntos prioritarios que pretende regular esta ley, tiene que ver con notificar ante las autoridades encargadas de la investigación de los delitos sobre los hechos ocurridos, para que las niñas y adolescentes que hayan sido violentadas puedan acceder a un procedimiento médico seguro, gratuito y de calidad, sin discriminación.
Todo ello, argumentaron las diputadas a favor, bajo los principios de dignidad humana con perspectiva de género, con interés superior de la niñez y no de criminalización, porque el embarazo infantil no es una elección, sino la consecuencia de un delito.
Las estadísticas son frías, en Chiapas, cada año más de mil niñas menores de 15 años se convierten en madres y lo más grave es que, según datos de la Secretaría de Salud y del INEGI, la gran mayoría de esos embarazos son producto de violencia sexual.
Estas niñas, -coincidieron en señalar- son niñas violentadas primero por un agresor y luego, muchas veces, por el propio sistema que les niega atención y justicia; y, sin embargo, la ley en nuestro país es clara el artículo 10 BIS de la Ley General de Salud y la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 establecen que toda mujer o niña tiene derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo cuando éste es producto de una violación sexual, sin necesidad de autorización judicial.
Otro de los puntos argumentados en tribuna, es que en Chiapas, esta realidad es especialmente visible: muchas niñas y adolescentes indígenas viven en comunidades donde la distancia, la pobreza y las barreras lingüísticas se combinan con la violencia sexual y la falta de servicios de salud accesibles, por lo que asegurar su acceso a la interrupción legal del embarazo no es solo un tema de salud pública, sino una exigencia de justicia social y de cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos ante nuestro país.
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