Agencia Excélsior // Ciudad de México
El gobierno de Estados Unidos anunció la emisión de dos licencias generales que permiten a cinco multinacionales reanudar operaciones en el sector energético venezolano sin riesgo de sanciones. Las beneficiarias son Chevron (EU), Eni (Italia), Repsol (España), así como las británicas BP y Shell.
La autorización incluye “todas las transacciones” relacionadas con el petróleo venezolano y abre la puerta a nuevas inversiones en petróleo y gas, lo que marca un giro en la política de Washington hacia Caracas.
El anuncio se produjo tras declaraciones del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, quien reveló que las ventas de petróleo venezolano controladas por Estados Unidos ya superan los 1,000 millones de dólares y podrían generar otros 5,000 millones en los próximos meses.
Wright explicó que gran parte del crudo se procesa en refinerías estadounidenses y que las ganancias son entregadas al Gobierno encargado de Venezuela, bajo supervisión de Washington. El funcionario subrayó que este esquema se mantendrá “hasta que se establezca un Gobierno representativo en Venezuela”.
Visita a la Faja Petrolífera del Orinoco
En este contexto, Wright visitó junto a la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, las instalaciones de Chevron en la Faja Petrolífera del Orinoco, ubicada en Morichal, estado Monagas. Esta zona, que abarca más de 55,000 kilómetros cuadrados, concentra el 87% de las reservas venezolanas, consideradas las mayores del mundo, con capacidad para abastecer la demanda energética global durante tres siglos, según datos de PDVSA.
La visita fue calificada como “histórica” y constituye la primera de un alto funcionario estadounidense tras el ataque militar de enero pasado, en el que fue capturado Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores.
Relajación de sanciones y acuerdos energéticos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la flexibilización de restricciones para permitir que empresas estadounidenses operen en el mercado petrolero venezolano, bajo condiciones estrictas de control y reporte. Aunque no se ha informado la vigencia exacta del acuerdo, se plantea como un entendimiento a largo plazo que busca estabilizar el sector energético y atraer inversión internacional.
La decisión de Washington tiene repercusiones más allá de Venezuela. Para las multinacionales, representa la oportunidad de acceder a una de las reservas más grandes del planeta en un momento de alta volatilidad en los mercados energéticos. Para Caracas, significa un respiro económico en medio de años de sanciones y aislamiento financiero.
Sin embargo, el esquema mantiene un fuerte control estadounidense sobre las ventas y el flujo de fondos, lo que refleja que la apertura está condicionada a avances políticos internos, como la celebración de elecciones libres, que Wright aseguró podrían realizarse antes del final del segundo gobierno de Trump.
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