Agencia Excélsior // Ciudad de México
Grupo Pachuca difundió un comunicado oficial en el que fijó su postura tras la orden de aprehensión girada contra su presidente, Jesús Martínez Patiño, y Gerardo Cabrera, directivo del club, por el presunto delito de desobediencia de particulares. El caso forma parte de un proceso judicial relacionado con los derechos de transmisión televisiva de los clubes Pachuca y León, en el que también se encuentra involucrado Fox Sports México (Grupo Lauman).
El grupo empresarial señaló que las medidas judiciales se emitieron a pesar de la existencia de resoluciones previas que, según su versión, avalaban la terminación del contrato con Grupo Lauman y la validez de un nuevo acuerdo con otra empresa para la transmisión de los encuentros.
GRUPO PACHUCA EXPONE SU VERSIÓN DEL CONFLICTO LEGAL
En el documento, la institución explicó que su relación contractual con Grupo Lauman concluyó el 26 de mayo de 2024, y que el nuevo contrato fue firmado con conocimiento de la contraparte. No obstante, Fox Sports México presentó una demanda mercantil ante el Juzgado 40 de lo Civil de la Ciudad de México, lo que derivó en medidas precautorias que impidieron la transmisión del encuentro Pachuca vs Mazatlán.
El comunicado detalla que el Ministerio Público solicitó el 27 de octubre las órdenes de aprehensión contra Martínez y Cabrera, las cuales fueron concedidas por un juez de control. Según el grupo, los directivos no asistieron a la audiencia inicial al considerar desproporcionada la posibilidad de prisión preventiva, y optaron por presentar una demanda de amparo con el objetivo de garantizar su libertad y el debido proceso.
SOLICITAN REVISIÓN JUDICIAL Y ASEGURAN CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES
Grupo Pachuca afirmó que las acciones judiciales en su contra se originan en lo que calificó como “actos de intimidación” dentro del proceso legal, y sostuvo que todas sus decisiones se han tomado en cumplimiento de la ley.
El comunicado concluye con una referencia a la trayectoria del grupo, señalando que durante tres décadas ha mantenido sus compromisos contractuales en distintos países, y reiteró su confianza en que el Poder Judicial revisará el caso para restablecer la legalidad del procedimiento.
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