Comunicado // Tuxtla Gutiérrez
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, cumple con los ejes centrales señalados dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión por parte del Gobierno Federal, donde personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación participaron en la capacitación “Manejo de Crisis y Protocolo de Atención en Caso de Extorsión” impartido por personal especializado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en conjunto con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En dicha capacitación las personas servidoras públicas del Centro de Atención de Denuncia Anónima (CADA) 0-89 de la Dirección Estatal de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo C5 Escudo Pakal y de la Dirección de Inteligencia e Investigación, obtuvieron durante 5 días las herramientas necesarias para atender las denuncias relacionadas al hecho delictivo de Extorsión, en todas sus modalidades, focalizando la de Secuestro Virtual, además de priorizar la importancia de la protección de la identidad de la víctima a través de la recepción de denuncias anónimas y que con ello se van a generar carpetas de investigación que permitirán a las autoridades dar seguimiento a estos delitos y detener a los generadores de violencia
En este sentido, participaron diversos Estados de la República Mexicana que permitió a los servidores públicos conocer sobre las estrategias, buenas prácticas y experiencias que se implementan dentro de sus homólogos ante este tipo de denuncia, garantizando así un servicio más eficiente y profesional.
El número telefónico 089 será exclusivo a nivel nacional para atender denuncias y orientar a la población sobre este delito. El 089 cuenta con operadores especializados en el tema, además cuentan con un protocolo ante denuncias de extorsión directa o indirecta.
La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso interinstitucional de combate y prevención de delitos y extorsión que afectan la integridad física y patrimonial de la ciudadanía en el estado de Chiapas.
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