Agencia Excélsior // Ciudad de México
Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados atenuaron, mediante una reserva presentada anoche en San Lázaro, las penas previstas en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, a fin de que los servidores públicos involucrados en omisiones de denuncia y persecución de este delito no tengan condenas del mismo nivel que los extorsionadores.
Morena, Partido Verde, PT y MC aprobaron anoche la ley en lo particular, con 339 votos a favor, 100 en contra de PAN y PRI, y cuatro abstenciones, con lo que se reduce hasta en ocho años de cárcel la sanción prevista para servidores públicos que se abstengan de denunciar ante el Ministerio Público casos relativos a Personas Privadas de la Libertad (PPL), o a funcionarios que no denuncien casos de individuos que extorsionen desde centros penitenciarios a través de llamadas telefónicas.
Las bancadas de Acción Nacional y PRI votaron en contra de la reserva al calificarla como “Ley Hernán (Bermúdez)”, y destacaron que “la extorsión no se combate con abrazos, ni con balazos”, sino con mayores penas de prisión a extorsionadores y cómplices.
La propuesta de modificación al dictamen, previamente aprobado en lo general, fue presentada en tribuna por el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. La enmienda aprobada plantea de seis a 12 años y de 600 a 3 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, hasta 330 mil 420 pesos, las penas para funcionarios de gobierno por omitir las denuncias de dicho delito.
La reforma original, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión, establecía una pena de 10 a 20 años de prisión tanto para los extorsionadores, como para aquellos funcionarios que no denuncien en tiempo y forma estos casos de abuso.
“Por qué lo reducimos o por qué propongo que se reduzca de seis a 12 años y no de 10 a 20 años para los servidores públicos. Estoy hablando del funcionario que puede ser un ministerio público, un policía o cualquier servidor público que no informe a la autoridad de una extorsión que el conozca.
“No es una indulgencia para el servidor público, sino es un ejercicio de racionalidad punitiva, eso lo conocemos en materia penal como principios invariables (…) No puede ser más (castigada) la omisión que la ejecución de un acto ilícito, que es la extorsión”, explicó Monreal Ávila.
Este matiz beneficia a policías, agentes del Ministerio Público, jueces o personal de vigilancia y custodia carcelaria que no denuncien casos de extorsión, pues estos servidores también podrían estar amenazados por los criminales.
En la aprobación nocturna se mantuvieron las mismas multas económicas para funcionarios omisos en materia de extorsión, que para extorsionadores.
La bancada del PAN, en voz de su coordinador parlamentario, Elías Lixa Abimerhi, propuso que en lugar de bajar las penas a los funcionarios públicos omisos ante la extorsión, se incrementen los años de cárcel a los extorsionadores.
“Porque el artículo 21 no habla de informes, habla de la obligación de denuncia de un funcionario público o en un caso de emergencia, de un llamado a la policía, pues claro que quien no lo hace es cómplice y actúa en perjuicio de la sociedad.
“Pero no es bajando la pena de los cómplices del gobierno, es subiendo la pena de los extorsionadores en general, porque hay estados de la República que hoy tienen mayores penas que las que están poniendo en este código”, dijo.
Una vez avalados los cambios a la nueva ley en la materia, la minuta se remitió a la Cámara de Senadores para su revisión y eventual aprobación en el mismo sentido.
UNANIMIDAD EN LO GENERAL
Antes, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 456 votos de todos los grupos parlamentarios la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, la cual homologa el tipo penal y las penas en todas las entidades de la república.
Tan sólo entre enero y septiembre de 2025 se registraron ocho mil 585 víctimas de extorsión, la cifra más alta registrada en los últimos diez años, según datos oficiales.
Con la nueva ley, este delito se perseguirá de oficio y será imprescriptible; será castigado con penas de seis a 15 años de prisión, con posibilidad de incrementarse hasta 25 años si se configuran agravantes, de las que se establecieron 34 en tres categorías.
Por tanto, no se necesitará una denuncia para que las autoridades inicien una investigación. Con esto se busca combatir la cifra negra, ya que los diputados tienen estimado que hasta 98% de los casos no se reportan a las autoridades.
El dictamen aprobado en lo general incluyó en sus términos la propuesta presidencial para fijar un tipo penal único en todo el país, penas homologadas: de 6 a 15 años de prisión y una multa de 100 a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Al valor de este año esa multa equivale hoy a un monto de 11 mil 314 a los 56 mil 570 pesos.
Incurrirá en el delito de extorsión quien “obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico”.
“Hoy tenemos la oportunidad de demostrar que el Congreso no sólo discute leyes, sino que responde a los problemas reales de la sociedad, a los comerciantes, a los productores, a las familias y a los jóvenes que quieren vivir sin miedo, porque quien vive con miedo no puede ser libre y quien vive amenazado, no puede prosperar”, dijo el diputado Julio César Moreno, de Morena.
También se establece que las Unidades Antisecuestro serán las responsables de investigar casos de extorsión y se crea el Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión (Centro), adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En tanto, el número único 089 será para atender todas las cuestiones relacionadas con el delito de extorsión.
DESTACA INSTRUMENTO PARA ATACAR EL CRIMEN
Con la iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión para combatir la extorsión se pretende enfrentar con toda fuerza jurídica este delito que se suscita en todo el país, afirmó el diputado Ricardo Monreal a través de un mensaje en sus redes sociales,
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) dijo que será una ley general que permita que en el momento que se esté extorsionando, en el lugar que se esté realizando esta acción, no importa territorio, estado, municipio, será de aplicación general y se castigará a los responsables.
“Con esta iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum envió se pretende enfrentar con toda fuerza jurídica, el tema de la extorsión que se suscita dentro del país”, indicó en un videomensaje.
Agregó que es muy importante esta ley y que, a través de denuncias anónimas en el 089, se comenzará a mover todo el sistema de justicia en contra de quienes están cometiendo este delito hasta en la región más apartada.
“Con esta norma, el Estado podrá perseguir de oficio este delito y recibir denuncias a distancia, protegiendo la identidad de las víctimas”, expresó en un mensaje posterior.
MATIZAN SANCIÓN: La propuesta original establecía una pena de 10 a 20 años de prisión para extor-sionadores y fun-cionarios cómplices, pero el cambio aprobado ayer redujo la sanción para estos últimos.
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