Agencia Excélsior // Ciudad de México
Con 419 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad castigar con hasta 20 años de prisión a quienes recluten a niñas, niños y adolescentes para incorporarlos a grupos criminales, una práctica que se extiende mediante engaños, falsas ofertas de empleo, amenazas y violencia, y que mantiene, a unos 250 mil menores de edad en riesgo de ser captados por la delincuencia organizada.
La reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas incorpora el capítulo II Bis, denominado “Del Reclutamiento Forzado de Personas”, para establecer penas de 10 a 20 años de cárcel contra quienes inviten, induzcan, incorporen o recluten personas para integrarlas a grupos delictivos, a la delincuencia organizada o para realizar actividades criminales.
Las sanciones aumentarán de 15 a 25 años de prisión cuando se utilicen amenazas, intimidación, violencia o cualquier otro tipo de coacción. Además, se impondrán multas de cinco mil a 50 mil días a quienes participen en estas conductas, ya sea directamente o por medio de terceros, a través de medios impresos, electrónicos o cualquier otro mecanismo, con engaños o sin ellos.
De acuerdo con el dictamen, todo reclutamiento de niñas, niños y adolescentes será considerado y sancionado como reclutamiento forzado, independientemente de los medios utilizados para incorporarlos a las estructuras criminales.
Al fundamentar la reforma, el presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Julio César Moreno, destacó que las autoridades podrán iniciar investigaciones de oficio, sin esperar a que las víctimas presenten una denuncia, debido a que muchas permanecen bajo amenazas, tienen miedo o están sometidas al control de sus agresores.
Con el marco de esta ley general, la investigación puede iniciarse de oficio cuando las autoridades tengan conocimiento del hecho que puedan constituir este lamentable delito, porque no podemos exigirle a una víctima que arriesgue su vida para que el Estado haga su trabajo”, sostuvo.
Subrayó que la reforma también permitirá identificar mejor el funcionamiento de las redes de captación, fortalecer las investigaciones y generar información para prevenir nuevos casos.
“Un menor de edad reclutado por una organización criminal no puede ser visto de la misma manera que quien organiza, dirige o se beneficia de ese reclutamiento. Por eso el dictamen establece que todo reclutamiento de niñas, niños y adolescentes se entenderá y sancionará como reclutamiento forzado”, remarcó.
Cientos de miles de menores, en riesgo
De acuerdo con estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México, entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser reclutados por grupos delictivos, mientras que la organización Reinserta ha señalado que más de 30 mil menores han sido incorporados a estas estructuras criminales.
“Detrás de estas cifras hay niñas, niños y adolescentes expuestos a la pobreza, la violencia familiar, el abandono escolar y la falta de oportunidades, condiciones que los delincuentes aprovechan para acercarse a ellos, ganarse su confianza y sumarlos a sus actividades ilícitas”, alertó la priista Ofelia Jasso Nieto.
Estas circunstancias, señaló, incrementan la vulnerabilidad de los menores, quienes pueden ser atraídos con promesas de ingresos, empleos o una vida mejor, sin dimensionar los riesgos que implica su incorporación a las organizaciones criminales.
“No permitiremos que la delincuencia organizada continúe aprovechándose de la vulnerabilidad de los menores”, afirmó la legisladora priista.
Las redes sociales se han convertido en otra vía de captación. A través de plataformas digitales, los grupos criminales difunden supuestas ofertas laborales y promesas de dinero para atraer a jóvenes, con mecanismos que les permiten establecer contacto sin que sus familias necesariamente adviertan el peligro.
Según cifras expuestas por la propia presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera, se ha identificado mil 800 páginas y cuentas de internet vinculadas con actividades ilícitas y reclutamiento criminal. De éstas, alrededor de 800 ya fueron dadas de baja, mientras que otras mil se encontraban en trámite de eliminación, principalmente en la plataforma TikTok.
“Esta es una señal de una dimensión inexplicable, enorme, que ha alcanzado este fenómeno, particularmente en las redes sociales donde nuestros jóvenes pueden ser capturados mediante engaño, falsas ofertas de trabajo, amenazas o, incluso, coacción”, señaló en ese sentido el diputado por Acción Nacional, José Guillermo Anaya Llamas.
Sostuvo que el uso de plataformas digitales para acercarse a menores obliga a reforzar las acciones de prevención y persecución de estas conductas, además de evitar que las organizaciones criminales continúen aprovechando las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas.
Piden distinguir a las víctimas de los reclutadores
Además de las sanciones penales para quienes recluten personas con fines delictivos, la reforma establece que, cuando niñas, niños y adolescentes sean imputados por el delito de reclutamiento, las autoridades deberán salvaguardar el interés superior de la niñez, garantizar la protección más amplia y procurar la restitución de sus derechos.
Para ello, deberán observarse las disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, así como las demás normas aplicables.
El dictamen también contempla, cuando legalmente corresponda, la posibilidad de imponer internamiento preventivo conforme al artículo 123 de esta última legislación.
La minuta fue turnada al Senado de la República, donde continuará el proceso legislativo antes de que la reforma pueda entrar en vigor.
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