Agencia Excélsior // Ciudad de México
El Senado estadounidense aprobó en la madrugada del viernes un proyecto destinado a poner fin a la parálisis presupuestaria parcial que desde hace semanas afecta al funcionamiento de los aeropuertos. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por los republicanos de la Cámara de Representantes, lo que mantiene el bloqueo político.
La votación en el Senado, realizada a mano alzada, permitió avalar la financiación de gran parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aunque quedaron fuera los recursos para los servicios de inmigración y aduanas (ICE) y la patrulla fronteriza (CBP). El texto aún debe pasar por la Cámara Baja, donde varios legisladores republicanos adelantaron que no lo respaldarán.
El congresista Chip Roy calificó la propuesta como “condenada al fracaso” y anunció que la Cámara presentará un nuevo proyecto que incluya apoyo explícito a la CBP y al ICE. Los líderes republicanos plantean una financiación temporal de 60 días para todo el DHS, aunque es poco probable que los demócratas acepten esa fórmula.
La falta de consenso mantiene congelada la financiación del DHS desde el 14 de febrero, en medio de fuertes discrepancias sobre el papel del ICE, cuestionado por sus tácticas contra inmigrantes indocumentados y por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en operativos recientes.
La situación ha impedido el pago de salarios a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), lo que ha provocado ausentismo y renuncias, reduciendo el personal disponible en los controles de seguridad.
Las imágenes de largas filas en los aeropuertos han ocupado portadas en todo el país. El gobierno de Donald Trump desplegó agentes del ICE en más de una decena de terminales para apoyar a la TSA, aunque las demoras persisten.
El presidente anunció además que firmará un decreto para liberar fondos destinados al pago de los agentes, sin precisar los mecanismos.
Trump ha advertido que no aceptará un acuerdo de financiación si el Congreso no aprueba también su proyecto de reforma del sistema de registro de votantes, lo que añade un nuevo elemento de tensión a la crisis legislativa.
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