Agencia La Jornada // San Cristóbal de Las Casas
Pobladores católicos de las comunidades de Pinal Salinas y Tzajalnab, en el municipio de Zinacantán, detuvieron y golpearon a 11 indígenas evangélicos tras su negativa a aceptar cargos religiosos y financiar festividades católicas.
Los afectados denunciaron que la persecución suma ya más de cuatro años. Durante este periodo, los agresores cortaron el suministro de energía eléctrica y agua a tres familias protestantes; además, bloquearon los caminos para impedir el tránsito de vehículos y prohibieron que los niños asistan a la escuela primaria Lázaro Cárdenas, todo con el fin de forzarlos a abandonar la Iglesia del Séptimo Día.
Karen Ruiz Gómez, habitante de Salinas, relató que la agresión ocurrió cuando cerca de 20 personas participaban en un culto afuera de una vivienda particular. Según su testimonio, vecinos católicos vigilaban la zona y atravesaron un vehículo conducido por una persona ebria para bloquear el paso. Posteriormente, una máquina tiró grava en el sitio mientras más gente llegaba para documentar el acto religioso.
“Las autoridades locales exigieron hablar con los vecinos de Tzajalnab que acudieron a solidarizarse. En ese momento detuvieron a Francisco y golpearon a otro compañero que tomaba fotografías”, señaló Ruiz Gómez afuera de la Fiscalía Indígena en San Cristóbal, donde acudió a presentar la denuncia formal.
La denunciante añadió que la turba también agredió a su esposo, Lorenzo Moisés Hernández Pérez, y detuvo a su suegro, Mariano Hernández Guillén.
En total, la comunidad mantiene retenidas a 11 personas, varias de ellas con heridas visibles. Los agresores condicionan su liberación a que abandonen su religión. “Aceptamos desempeñar cargos comunitarios, pero no los de su iglesia”, enfatizó Ruiz Gómez al exigir que el Estado garantice la libertad de culto.
Antonio Vázquez Méndez, secretario de la organización Manos a la Obra, advirtió que el conflicto escaló el pasado 15 de septiembre, cuando dieron un plazo de una semana a los evangélicos para abandonar sus hogares. Aunque la intervención del alcalde José Martínez Pérez frenó la expulsión inmediata, el asedio continuó.
“Este es un asunto de fe, no un problema comunitario. Condicionan el agua y la luz a que den cooperaciones religiosas. Los han amenazado de muerte si no renuncian a su creencia”, remarcó Vázquez Méndez. El representante urgió a las autoridades estatales a abrir una mesa de diálogo o aplicar la ley para liberar a los retenidos.
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