Agencia Excélsior // Ciudad de México
El Diálogo Nacional por la Paz exigió que la Fiscalía General de la República (FGR) sea la responsable de investigar y esclarecer los asesinatos perpetrados por el crimen organizado en agravio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan y del empresario limonero, Bernardo Bravo, registrados con apenas 13 días de diferencia en el estado de Michoacán.
La cúpula católica en México y expertos en seguridad afirmaron que la falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno acabaron con la vida de Carlos Manzo y de Bernardo Bravo, personajes que en todo momento hicieron públicas las peticiones para recibir apoyo del gobierno federal y estatal ante las amenazas de la criminalidad.
Frente a lo sucedido el 20 de octubre y el 1 de noviembre de este año en Michoacán, la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Compañía de Jesús, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México y la Dimensión Episcopal para los Laicos demandaron al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “tomar un mayor liderazgo en las tareas de seguridad y justicia en Michoacán” que optimice de manera estratégica los recursos del gobierno estatal, los gobiernos locales y la sociedad civil para combatir la problemática que sufre la entidad donde operan cárteles de la droga con alto poder de fuego.
“Que la Fiscalía General de la Nación atraiga la investigación de los asesinatos del empresario Bernardo Bravo y del alcalde Carlos Manzo para identificar autores materiales e intelectuales y se llegue a ellos con los procesos de inteligencia que esta institución debe dominar” especificaron.
En un posicionamiento donde lamentaron los crímenes, religiosos y laicos expresaron la necesidad de replantear la estrategia de seguridad que se sigue en Michoacán, gobernada por Alfredo Martínez Bedolla, abucheado y corrido del velorio del alcalde de Uruapan este fin de semana.
“Estos asesinatos reflejan la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno para atender la seguridad del estado de Michoacán y conduce a la revisión efectiva y real de las estrategias de seguridad que hasta el momento se han implementado. ¿Cuántos asesinatos más tenemos que esperar para poner los medios que permitan recuperar la paz?” cuestionaron este lunes.
Subrayaron también la obligación de las autoridades federales y estatales para “escuchar la voz” de los líderes locales en distintos ámbitos y la de los gobiernos municipales para que tengan una idea más precisa de lo que sucede a lo largo y ancho del estado a fin de estar en condiciones de “tener estrategias más contextualizadas”.
Hicieron notar que no se cuenta con mecanismos de colaboración entre el gobierno federal y el estatal para “desmantelar redes de criminalidad”; tampoco hay medidas que aseguren la transparencia y el fortalecimiento de las capacidades de investigación.
La demanda de religiosos católicos y laicos urgió a “supervisar y sancionar la actuación indebida y omisión de las fiscalías estatales, que las lleve a realizar sus funciones reales de manera efectiva”.
El Diálogo Nacional por la Paz remarcó la obligación de la guardia nacional, el ejército mexicano, la policía estatal, la fiscalía estatal y presidentes municipales de trabajar en conjunto y coordinados por el bien de la población de Michoacán.
“La construcción de la paz no puede supeditarse a los partidos políticos. Es urgente la articulación de todos los niveles”, manifestaron en la comunicación oficial.
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