Agencia Excélsior // Ciudad de México
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que la solicitud de detención presentada por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cumple con los requisitos legales para considerarse urgente.
Durante la conferencia matutina del 4 de mayo de 2026, la funcionaria explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el país solicitante no aportó pruebas suficientes para justificar una detención provisional con fines de extradición, figura jurídica que exige condiciones excepcionales.
“No se aportó ningún elemento o prueba que acredite la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada y es necesario solicitar información adicional”, sostuvo.
Extradición formal vs. detención provisional
Uno de los puntos centrales de la exposición fue la distinción entre dos mecanismos jurídicos contemplados en el tratado bilateral entre México y Estados Unidos. Alcalde Luján subrayó que no existe una solicitud formal de extradición, sino únicamente una petición de detención provisional.
La extradición formal requiere documentación exhaustiva, incluyendo una relación detallada de los hechos, pruebas, fundamentos legales y una orden de aprehensión. En contraste, la detención provisional es una medida excepcional que solo procede en casos de urgencia, cuando existe riesgo de fuga o de obstaculización de la justicia.
En este caso, la solicitud provino de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, pero no acreditó el elemento de urgencia, lo que impide avanzar hacia una detención inmediata.
El papel de las autoridades mexicanas
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue la encargada de canalizar la solicitud y pedir una opinión técnica a la FGR, instancia que concluyó que la petición estadounidense carece de sustento suficiente.
Alcalde Luján enfatizó que la Fiscalía no ha prejuzgado sobre la existencia de un delito, ni ha determinado si procedería una eventual detención en caso de que se presenten nuevas pruebas. El proceso, insistió, se encuentra en una etapa preliminar.
Si Estados Unidos logra acreditar la urgencia, la FGR podría presentar el caso ante un juez de control, quien tendría la facultad de ordenar medidas cautelares como prisión preventiva o detención provisional, iniciando así un proceso con un plazo legal de hasta 60 días.
Confidencialidad y presunción de inocencia
La funcionaria también denunció que la filtración de información relacionada con el caso ha vulnerado principios fundamentales del debido proceso. Citando estándares internacionales, advirtió que la exposición mediática ha derivado en un “linchamiento mediático” contra las personas señaladas.
En este contexto, el Gobierno de México solicitó formalmente a Estados Unidos mantener la confidencialidad del caso, en apego al artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia.
“La Fiscalía ha pedido que se preserve la confidencialidad para evitar que la difusión prematura sesgue a las autoridades y contamine las pruebas”, explicó.
El caso, insistieron las autoridades, no ha entrado aún en una fase judicial formal. No existe orden de aprehensión en México ni un procedimiento de extradición en curso. La solicitud estadounidense permanece en revisión, a la espera de que se presenten elementos adicionales que sustenten su urgencia.
La postura del Gobierno mexicano refleja un énfasis en el cumplimiento estricto de los tratados internacionales y en la defensa de las garantías procesales. En palabras de Alcalde Luján, el objetivo es claro: evitar decisiones precipitadas que puedan comprometer la legalidad del proceso.
El mensaje final fue contundente: sin pruebas suficientes no hay detención posible, y cualquier avance dependerá de la información que aporte Washington en los próximos días.
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