Manuel Monroy // Tuxtla Gutiérrez
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) señaló que el avance legislativo hacia una Ley General de Economía Circular abre una oportunidad para convertir la sustentabilidad en productividad, innovación y empleo formal, con foco en las empresas y negocios familiares que sostienen la economía cotidiana en todo el país.
Reconoce la apertura y el trabajo del Poder Legislativo para construir un marco moderno de economía circular, aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados (460 votos) y avalado por el Senado (111 votos), para su trámite constitucional correspondiente.
Este avance confirma que la agenda del comercio, los servicios y el turismo está siendo considerada en decisiones públicas que impactan la competitividad y la economía familiar, y que hoy demandan soluciones con enfoque productivo y resultados en territorio.
La Confederación recordó que este tema forma parte de su ruta institucional: en su Plan de Trabajo, el Eje 6 “Desarrollo Sostenido y Sustentable” establece como prioridad trazar una hoja de ruta en economía circular, impulsar estímulos económicos y promover un marco legal que haga viable la transición para las unidades económicas del país.
“El objetivo es claro: cuidar el ambiente cuidando la economía familiar. La economía circular debe implementarse con certidumbre, incentivos y gradualidad, para que la formalidad y los negocios familiares puedan cumplir, innovar y competir”, señaló el presidente del organismo, Octavio de la Torre de Steffano.
Subrayó que la economía circular exige una ejecución realista, especialmente en cadenas donde participan millones de comercios y prestadores de servicios. México enfrenta un reto relevante en residuos sólidos urbanos, por lo que es indispensable acelerar soluciones de reducción, valorización y aprovechamiento con participación de gobiernos locales y sectores productivos.
No obstante, para que la transición sea viable y no se convierta en carga burocrática, la Confederación propuso una mesa técnica de implementación con autoridades, Poder Legislativo, sectores productivos y cadena de aprovechamiento/reciclaje, para definir lineamientos operativos, plazos y criterios verificables.
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