Agencia Excélsior // Ciudad de México
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que colabora por primera vez con informantes que aportan testimonios, fotografías, videos, mensajes e información financiera sobre posibles irregularidades en las contrataciones públicas del Instituto Nacional Electoral (INE). Empresas proveedoras buscan acogerse a un programa de reducción de sanciones a cambio de entregar información confidencial sobre los hechos y sus presuntos involucrados.
La investigación sobre posibles actos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE), durante la presidencia de Guadalupe Taddei, sumó nuevos elementos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que comenzó a recibir información de personas que habrían tenido conocimiento directo de presuntas irregularidades en los procesos de contratación de proveedores de organismos electorales.
En un comunicado difundido este lunes, el órgano fiscalizador destacó que, por primera vez, “se encuentra colaborando con informantes” para obtener datos que permitan esclarecer cómo habrían operado estas prácticas durante varios años.
La información entregada incluye confesiones, videos, comunicaciones y documentos que podrían contribuir a identificar a quienes habrían participado en las operaciones bajo investigación.
Informantes entregan videos, mensajes y documentos a la ASF
Uno de los aspectos más relevantes de la investigación es el tipo de evidencia que comenzó a recibir la Auditoría Superior de la Federación. De acuerdo con el organismo, la colaboración permitió acceder a información proporcionada por personas que conocen el funcionamiento de las presuntas irregularidades en las contrataciones públicas.
“Esta colaboración ha permitido obtener información de personas que conocen cómo habrían operado las irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales durante varios años”, señaló la ASF.
El comunicado precisa que entre los materiales recabados existen distintos elementos que podrían ayudar a reconstruir las operaciones y establecer posibles responsabilidades.
“Entre los elementos recabados destacan testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios, mensajes, así como nombres y alias de personas presuntamente involucradas”, detalló el órgano fiscalizador.
La variedad de materiales resulta relevante porque permitiría contrastar versiones, reconstruir comunicaciones y seguir posibles movimientos financieros relacionados con los contratos bajo revisión.
Empresas proveedoras buscan reducir sanciones
Otro punto central del caso es la participación de empresas proveedoras que solicitaron acogerse al Programa de reducción de sanciones para informantes en investigaciones de la ASF.
Mediante este mecanismo, las compañías buscan acceder a beneficios bajo condiciones de confidencialidad, aportando información sobre las posibles irregularidades y las personas que habrían intervenido en ellas.
La colaboración contempla confesiones y la entrega de distintos materiales que podrían servir para profundizar las investigaciones.
Este mecanismo coloca bajo revisión no solamente a los procedimientos administrativos de contratación, sino también a los posibles intereses particulares que habrían influido en la selección de empresas proveedoras.
La ASF apunta a posibles beneficiarios
En uno de los señalamientos más delicados de su comunicado, la Auditoría Superior de la Federación informó que las investigaciones han permitido identificar indicios sobre la posible intervención de beneficiarios finales de distintas empresas en los procesos de contratación.
“Las investigaciones han permitido indicios de que beneficiarios finales de diversas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores”, sostuvo la institución.
El organismo añadió que esas personas también habrían participado en la elaboración de las condiciones técnicas de los procedimientos.
“Y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses”, subrayó el comunicado.
De confirmarse estas hipótesis, los hallazgos podrían revelar un esquema de intervención de intereses particulares en procesos que deben desarrollarse bajo principios de legalidad, transparencia e imparcialidad.
Por ahora, la ASF habla de indicios y personas presuntamente involucradas, por lo que será necesario que las investigaciones determinen el alcance de las posibles responsabilidades.
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