Por Jorge Luis Llaven Abarca
La justicia en México está cambiando. Responde a una realidad donde la violencia tiene causas sociales complejas y exige nuevas formas de actuar. Hoy, el reto no se limita a investigar y sancionar con eficacia, sino a anticipar, entender y prevenir el delito.
Durante años predominó un modelo reactivo que comenzaba con el delito. Hoy se consolida una visión distinta, que coloca en el centro la comprensión del fenómeno y la capacidad institucional para intervenir a tiempo. Es un cambio de enfoque.
El Plan Estratégico de Procuración de Justicia define esa ruta. Propone una justicia que actúa sobre las causas, sustentada en inteligencia, investigación científica, perspectiva de género y el análisis de contexto. Su propósito es claro: construir casos sólidos y reducir la violencia desde su origen mediante decisiones informadas y coordinación efectiva.
Detrás de este modelo hay un diagnóstico contundente. El delito dejó de ser un hecho aislado para convertirse en un fenómeno complejo y dinámico. Enfrentarlo con estructuras fragmentadas resultaba insuficiente.
Por ello, la Fiscalía General de la República impulsa una reconfiguración institucional. Bajo la conducción de la fiscal Ernestina Godoy Ramos, la transformación adquiere dirección y coherencia, al articular inteligencia, investigación científica y coordinación institucional como ejes de una nueva forma de entender y ejercer la justicia.
Este cambio implica mucho más que modernizar procesos. Supone cambiar la manera de investigar, de coordinar y de responder. La inteligencia y el análisis contextual permiten anticipar riesgos. La investigación científica fortalece la solidez de los casos. La coordinación entre instituciones convierte la acción del Estado en un esfuerzo conjunto eficaz.
A la par, se establece una línea clara. Cada delito tiene consecuencias. Cada acto de impunidad activa la investigación. La autoridad asume su responsabilidad con firmeza, pero también con sentido institucional. La procuración de justicia se reafirma como pilar para reconstruir la confianza ciudadana.
En delitos como feminicidio, este enfoque adquiere relevancia. Se contemplan marcos jurídicos homologados y protocolos obligatorios que integran perspectiva de género, debida diligencia y análisis del entorno. La justicia deja de operar de forma fragmentada y actúa como sistema, colocando a las víctimas en el centro de las decisiones.
Esta transformación se articula con la visión del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde seguridad y justicia forman parte de una estrategia común para construir paz. La coordinación entre instituciones deja de ser aspiración y se convierte en condición para enfrentar fenómenos delictivos cada vez más complejos.
El impacto de este modelo se refleja en el territorio. En Chiapas, bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la procuración de justicia avanza con una lógica preventiva y de coordinación con la Federación. Los datos son claros: cerca del 90% de los delitos está vinculado al consumo de alcohol y drogas. Atender estas causas permite intervenir desde el origen de la violencia.
El caso de Petrona ilustra este cambio. Una mujer indígena, víctima de violencia sistemática, fue juzgada considerando su contexto. La legítima defensa fue reconocida con perspectiva de género. La justicia dejó de ver un hecho aislado para entender una historia de violencia.
Ese es el sentido del nuevo modelo. Una justicia que comprende, que actúa y que protege.
La justicia que viene será la que logre que ocurran menos delitos. Ese es el verdadero indicador del cambio. Cuando el Estado entiende la violencia y actúa a tiempo, la ley comienza a marcar el rumbo.
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