Agencia Excélsior // Ciudad de México
La explosión de una pipa de combustible en el Puente de la Concordia de Iztapalapa reabrió en la Cámara de Diputados el debate sobre la seguridad en el transporte de materiales peligrosos, por lo que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, adelantó que el Legislativo revisará con mayor rigor el marco jurídico que regula a las gaseras y autotransportes que circulan por las carreteras del país.
“Sí, hay que evitarlo. Por cierto, nuestra solidaridad a la gente que vivió y que está sufriendo esta tragedia. Y sí hay iniciativas, Fernando, de ser más estricto en la vigilancia de estas gaseras”, señaló el legislador.
Monreal Ávila recordó que varias empresas gaseras acumulan antecedentes de irregularidades y siniestros, lo que ha generado un clima de preocupación social.
“Desde tiempo atrás varios legisladores las han planteado, igual que los autotransportes de doble remolque. Y la circulación de este tipo de productos que son peligrosos se hagan solo por la noche o a horas donde no haya alto flujo de tráfico”, añadió.
El también coordinador de Morena en San Lázaro subrayó que existen planteamientos para que la Comisión de Comunicaciones y Transportes, junto con la Comisión de Energía, discutan en los próximos días posibles ajustes normativos.
El objetivo es establecer mayores restricciones en horarios y rutas, así como fortalecer la supervisión para evitar tragedias similares.
Actualmente, el marco regulatorio vigente se sustenta en tres pilares: la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, cuya última reforma se publicó en el DOF el 29 de diciembre de 2023.
El Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, que establece especificaciones técnicas de los autotanques, medidas de seguridad, señalización, límites de velocidad y protocolos de emergencia.
Así como las iniciativas en curso en el Congreso enfocadas a la descarbonización del transporte, que podrían traer nuevas normas de seguridad y restricciones ambientales, aunque hasta ahora no se han traducido en reglas específicas sobre horarios o rutas para transporte de combustibles.
Durante la conferencia “Legislativa del Pueblo”, Monreal Ávila reconoció que este accidente evidencia los riesgos que conlleva trasladar hidrocarburos y gas por carreteras saturadas.
De ahí, insistió, la urgencia de “ser más estrictos” con las empresas y conductores responsables, lo que podría contribuir a que el Congreso avance en reformas postergadas.
MARCO JURÍDICO ACTUAL ES SUFICIENTE PARA ATENDER TRAGEDIAS COMO LA DE IZTAPALAPA
Tras la tragedia ocurrida en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, el presidente de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres en la Cámara de Diputados, Luis Humberto Fernández Fuentes, enfatizó la necesidad de atender los hechos con rigor y sin reacciones impulsivas.
“No, no podemos reaccionar de manera casuística. Este es un caso muy doloroso, pero yo creo que lo importante es que se aplique la ley. El marco jurídico es suficiente y a partir de eso, si hay algún tema derivado de las investigaciones que se pueda mejorar, estaremos atentos y con la mayor disposición para hacer”, señaló el legislador.
Fernández Fuentes destacó que si bien, la tragedia es un hecho puntual, no se puede generalizar para evaluar toda la industria.
“Y por el otro lado, tendríamos que revisar el tema general de la industria, tampoco podríamos generalizar por un caso afectar, pero es algo que se debe estudiar sobre bases estadísticas y evidencia para tomar las mejores decisiones de la mano con las autoridades de Protección Civil, tanto en la ciudad como federales”, indicó.
Sobre la normativa vigente, el legislador aclaró que existen mecanismos legales para sancionar a los responsables.
“No hay protocolo, si el marco jurídico está, el tema es que finalmente la supervisión por parte de las autoridades responsables, entonces a eso yo creo que lo irán arrojando las investigaciones tanto administrativas como penales”, señaló.
Cuestionado sobre la posibilidad de modificar la legislación para evitar tragedias similares, Fernández insistió en la prudencia y la evidencia.
“Tendríamos que revisar el conjunto”, dijo, apuntando que cualquier cambio debe basarse en resultados de las investigaciones y no en reacciones impulsivas.
En relación con los permisos y concesiones de las empresas involucradas aclaró: “No solo es cancelar permisos. Aquí hay una responsabilidad penal. Más allá de la parte administrativa, que son los permisos, hay una responsabilidad penal”.
Añadió que en este tipo de incidentes existen dos niveles de responsabilidad: administrativa y penal.
“Finalmente hay personas que desafortunadamente perdieron la vida. Además, por eso te señalo que hay dos niveles de responsabilidad, la responsabilidad administrativa, pero también hay una responsabilidad penal”, concluyó Fernández.
El presidente de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres reafirmó su compromiso de dar seguimiento a las investigaciones y garantizar que las acciones de prevención y sanción se apliquen conforme a la ley, sin apresuramientos ni medidas generales que no estén respaldadas por evidencia.
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