Comunicado // Tuxtla Gutiérrez
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, expresó su reconocimiento al Congreso del Estado por la aprobación de la iniciativa de reforma al Código Civil, que presentó con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y garantizar una mayor protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El titular del Poder Judicial destacó que esta reforma representa un cambio de fondo en la forma en que el Estado protege a las infancias, al establecer mecanismos más eficaces para asegurar que quienes tienen la obligación legal de proporcionar alimentos la cumplan de manera efectiva.
Moreno Guillén subrayó que el incumplimiento de una pensión alimenticia no constituye únicamente un conflicto entre personas adultas, sino una afectación directa al desarrollo, la salud, la educación y al proyecto de vida de niñas, niños y adolescentes, por lo que el Estado tiene el deber de adoptar medidas que garanticen el respeto a sus derechos.
Como parte de las reformas aprobadas, la Constancia de No Inscripción en el Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas será un requisito para acceder a diversos cargos públicos y de elección popular, así como para distintos trámites administrativos, fortaleciendo el principio de que quienes aspiran a servir a la sociedad deben demostrar responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes familiares.
Asimismo, la reforma incorpora herramientas jurídicas que permitirán localizar bienes inmuebles de las personas deudoras e inscribir anotaciones con efectos de embargo precautorio, reforzando las garantías para que las personas acreedoras alimentarias reciban oportunamente el sustento que por derecho les corresponde.
“Una sociedad que protege a sus niñas y niños es una sociedad que construye justicia desde sus bases. Estas reformas envían un mensaje claro: el interés superior de la niñez debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y el servicio público exige congruencia entre la responsabilidad familiar y la responsabilidad con la sociedad”, destacó el magistrado presidente.
Con estas reformas, Chiapas fortalece su marco jurídico para hacer más efectivo el derecho de alimentos y consolida una política pública orientada a proteger a las infancias, promover la corresponsabilidad parental y garantizar que el ejercicio de la función pública se sustente en principios de legalidad, responsabilidad y compromiso social.
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