Agencia Excélsior // Ciudad de México
Ghariba Nahri, madre soltera de un niño de nueve años, fue desahuciada este martes 20 de octubre de la vivienda que ocupaba en el barrio del Clot, en Barcelona, España. El juzgado rechazó frenar el desalojo porque el contrato de alquiler no estaba a su nombre, aunque ella pagaba la renta, según elDiario.es.
Ghariba contaba con un informe de vulnerabilidad de los Servicios Sociales de Barcelona. Su caso se produjo cuando el decreto de vivienda del Gobierno español, que busca frenar los desalojos de familias vulnerables, ya estaba en vigor.
Tres intentos de desalojo en octubre
Ghariba descubrió la presunta estafa cuando recibió una notificación por impago. Durante dos años había pagado a un hombre que le subarrendaba el piso, sin saber que el dinero nunca llegaba a la empresa propietaria, Rambert 2001 SL.
Acudió al Sindicat d’Habitatge del Clot, que intentó mediar con la compañía para regularizar el alquiler u ofrecerle un alquiler social. Según el sindicato, la empresa no respondió.
El primer intento de desahucio, el 5 de octubre, se suspendió por la lluvia y una alerta roja meteorológica. El segundo, el 14 de octubre, se aplazó por falta de un dispositivo policial.
El martes, la comitiva judicial debía llegar a las 9:00, pero lo hizo hacia las 11:30. Decenas de vecinos y activistas intentaron impedir el desalojo, pero los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica catalana, los retiraron uno a uno y ejecutaron el desahucio unas dos horas después. Seis furgonetas policiales acudieron al lugar, según elDiario.es. El Español contó más de 70 personas frente al edificio, mientras que Europa Press habló de unas 50.
La decisión judicial se basó en el artículo 2 del decreto, que suspende los desahucios para la “parte demandada”. La letrada de la Sección Civil 31 de Barcelona consideró que Ghariba carecía de legitimación al no figurar como titular del contrato.
Una fuente jurídica citada por elDiario.es cuestionó ese razonamiento, pues la persona afectada por el lanzamiento era Ghariba y no el intermediario.
El sindicato advirtió que otras personas que viven en pisos subarrendados podrían quedar desprotegidas. También recordó que la Ley 24/2015 de Cataluña obliga a los grandes propietarios a ofrecer alquiler social a inquilinos vulnerables antes de demandarlos por impago, algo que no ocurrió, según el medio.
Ghariba lleva más de tres años en la lista de espera de la Mesa de Emergencia de la ciudad y no tiene otra vivienda.
Protestas por la vivienda en España
El caso se suma a la crisis habitacional que ha llevado a miles de personas a las calles. El desencadenante fue el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, el 23 de septiembre en el distrito madrileño de Retiro, tras casi siete décadas en su vivienda. Murió el 7 de octubre, cuando permanecía hospitalizada.
Tras su desalojo, cientos de personas acamparon en la Puerta del Sol, en Madrid, y hubo manifestaciones en otras ciudades convocadas por el Sindicato de Inquilinas y otros colectivos.
El Congreso rechazó dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno, con los votos en contra de Junts, PP, UPN y Vox, según Infobae. El Ejecutivo aprobó luego otros dos decretos.
“El Gobierno no va a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Maricarmen”, afirmó el presidente Pedro Sánchez el 6 de octubre, según El Español.
El presidente convocó elecciones generales para el 29 de noviembre, y los sindicatos UGT y CCOO anunciaron una huelga general por la vivienda el 11 de noviembre.
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