Comunicado // Ciudad de México
El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, destacó la necesidad de contar con una ley general contra el feminicidio que no se limite a castigar el delito una vez cometido, sino que fortalezca la prevención, la protección de las víctimas y la coordinación institucional; y destacó que en la entidad gobernada por Eduardo Ramírez Aguilar se aplica una política de cero tolerancia contra la violencia ejercida hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Durante las mesas de diálogo convocadas por las comisiones unidas para la Igualdad de Género, de Justicia y de Estudios Legislativos Primera del Senado, para analizar la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal chiapaneco señaló que la verdadera aspiración del Estado mexicano debe ser llegar antes de que se cometa el delito.
El Fiscal de Chiapas respaldó la iniciativa impulsada por la presidenta Sheinbaum y anticipó que la nueva legislación debe ir más allá de homologar el delito y endurecer penas:“necesitamos una ley general no para sustituir a las fiscalías estatales ni para desconocer las particularidades de cada entidad, sino para establecer obligaciones comunes, mejorar la coordinación y evitar que las diferencias institucionales terminen convirtiéndose en desigualdades para las víctimas”, señaló.
Reconoció que, en las distintas entidades del país, incluido Chiapas, los resultados obligan a revisar y fortalecer la estrategia contra el feminicidio. Señaló que, si bien el estado registra una efectividad superior al 90 por ciento en el esclarecimiento de estos delitos, aún es necesario reforzar las políticas de prevención para reducir su incidencia y avanzar en la erradicación de una violencia que sigue lastimando profundamente a la sociedad.
Aseguró que en Chiapas el gobernador Eduardo Ramírez aplica una política de cero tolerancia contra la violencia hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes, mediante estrategias coordinadas entre el gobierno estatal, el DIF local, instancias internacionales y fiscalías especializadas para garantizar entornos seguros y fomentar la denuncia inmediata, pues las tareas de prevención no puedendescansar únicamente en la labor de las fiscalías: “es importante la coordinación entre instancias para lograr un intercambio de información que permita actuar bajo una ruta común”, dijo.
El fiscal puso además sobre la mesa una de las consecuencias menos visibles de la violencia feminicida: las niñas, niños y adolescentes que quedan detrás de cada víctima, tras lo que planteó crear un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.
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