Agencia Excélsior // Ciudad de México
Después de 17 meses de retraso, comisiones unidas del Senado avanzaron en la regulación de las nuevas opciones para la compra, renta y autoconstrucción de vivienda de interés social, así como la compra de terrenos para ese objetivo, con créditos baratos, ahora con la aclaración que no se afectará el ahorro de los trabajadores, aunque PAN, PRI y MC lo consideraron altamente riesgoso.
Frente a reclamos que se registraron el año pasado, cuando se hicieron modificaciones al Infonavit, en esta ocasión la Ley de Vivienda aclara en el artículo 56 que “las acciones previstas en el presente artículo se realizarán salvaguardando en todo momento el patrimonio de los fondos de vivienda y los derechos de las personas trabajadoras.
En ningún caso dichas acciones podrán comprometer la solvencia y sostenibilidad financiera de los fondos, ni los derechos adquiridos por las personas trabajadoras conforme a las leyes aplicables”, advierte.
Pero para la oposición no es suficiente con esas aclaraciones.
Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, dijo que hay preocupación, porque pone en riesgo los 286 mil millones de pesos de los trabajadores del gobierno, como maestros, policías, bomberos, médicos y todos quienes tienen derecho a créditos del Fovissste, a partir de sus propios ahorros de vivienda.
Mely Romero, del PRI, consideró que esta reforma es “un asalto sin precedente al patrimonio de las familias, porque el gobierno utiliza las cuentas de ahorro de vivienda de millones de trabajadores como una extensión del Presupuesto de Egresos de la Federación”, donde hay alrededor de 2.4 billones de pesos, tanto de Infonavit y el Fovissste que son el fruto del esfuerzo personal de los trabajadores y sus ahorros “no son una caja chica” del gobierno.
Ricardo Anaya, del PAN, precisó que esta es una reforma que “parece muy buena, pero es un peligro brutal para los ahorros de la gente. Si alguien tiene Afore debería estar muy preocupado, sobre todo si trabaja en la policía, si son maestros, o trabajan en la Cámara de Diputados y en el Senado o en el gobierno federal en general, porque se está poniendo en riesgo su dinero (…) permite al gobierno de Morena tomar los recursos de la gente para ponerse a construir fraccionamientos”.
Manuel Huerta, de Morena, resaltó que el artículo 56 protege el fondo de ahorro de vivienda y pidió a la oposición que no engañe a la gente.
Con 15 votos en favor, 8 en contra y una abstención, las comisiones unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda; de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera del Senado, aprobaron el dictamen de la minuta de reforma a la Ley de Vivienda que, por primera vez, incluye a todas las instituciones públicas, como Infonavit y Fovissste, en una política federal conjunta de vivienda de interés social.
La reforma establece que “los organismos e instituciones que financien vivienda para las personas trabajadoras, en cumplimiento a la obligación que consigna el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regirán por lo previsto en sus respectivas leyes orgánicas y observarán, en lo conducente, la aplicación de las normas a que se refiere este capítulo”.
Añade que “para hacer efectivo el derecho a la vivienda adecuada de las personas trabajadoras, dichos organismos e instituciones, para la consecución de su objeto previsto en las disposiciones legales aplicables, previa autorización de sus respectivos órganos de gobierno y acorde con los programas en materia de vivienda, podrán adquirir, rehabilitar y construir viviendas, realizar demoliciones y financiar la autoproducción de vivienda, así como adquirir o urbanizar terrenos destinados a formar unidades habitacionales, con los recursos de sus fondos, para enajenar o arrendar viviendas, generando las condiciones adecuadas que permita a las personas trabajadoras obtener un crédito barato y suficiente.
Asimismo, podrán transmitir bienes inmuebles y las unidades privativas con uso distinto a vivienda, de su propiedad, conforme a las disposiciones que al efecto se establezcan. Los conjuntos habitacionales que, en su caso, se construyan, rehabiliten o adquieran podrán incluir unidades privativas destinadas a servicios complementarios”, dice.
Este cambio de ley regula la reforma constitucional de noviembre del 2024, que elevó al máximo grado jurídico el derecho de los mexicanos a la vivienda y está programado que esta misma semana la apruebe el pleno del Senado para que la envíe al Diario Oficial de la Federación, dado que ya tiene el aval de la Cámara de Diputados.
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